Gestión de la conflictividad y prevención de la violencia

Partimos de que el conflicto es inherente a la vida en sociedad y es responsabilidad de los gobiernos analizar y comprender las causas y efectos y plantear estrategias adecuadas de intervención en cada contexto. Entendemos que la complejidad creciente de la vida en comunidad hace inaplicable el viejo paradigma que considera a la seguridad pública como un problema puramente policial, hoy para tener resultados positivos debemos considerar esencial a la prevención como tarea de seguridad pública, entendiendo por tal la acción anticipada, integradora, orientada a operar sobre la realidad, para evitar el daño individual y/o social. También reconocer e institucionalizar el conflicto conlleva a evitar que éste se manifieste bajo formas violentas.

La tarea de prevención requiere de un abordaje integral que contemple la complejidad de factores que intervienen en las distintas situaciones teniendo especialmente en cuenta las realidades locales, entonces la única garantía de resultados pasa por un trabajo intersectorial e interdisciplinario de los tres poderes del Estado nacional y provincial, de los Municipios, de las organizaciones intermedias, de la tarea organizada de los vecinos, como también de la tarea constructiva y responsable de los medios de comunicación. En otros términos, es reconocer que, en definitiva, la seguridad es una responsabilidad política compartida que se construye con decisiones transversales en todos los temas.

Por eso proponemos como proyectos a llevar al Concejo:
Crear el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana como órgano consultivo y de asesoramiento en la planificación de políticas públicas en el ámbito de la ciudad de Esperanza y su Distrito. Este proyecto fué presentado en el Concejo Municipal por FormaR, no habiéndose tratado. El Consejo Distrital tendría, entre otras, las siguientes funciones:

a) Asesorar al Departamento Ejecutivo, en la elaboración de un plan de Seguridad Ciudadana, que facilite la articulación de programas y proyectos que, centrados en las personas y bajo una matriz metodológica participativa, multisectorial, integral, contextualizada y preventiva, garantice el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y propenda al desarrollo de las personas.

b) Recolectar, procesar, y generar información, que contribuya a fortalecer las capacidades de los actores públicos y de la ciudadanía en general, para la toma de decisiones en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de seguridad ciudadana, en base a un sistema de indicadores estandarizados que permita la medición, el seguimiento y la comparación de fenómenos vinculados a la convivencia y la seguridad ciudadana.

c) Promover la implementación de redes u otros mecanismos de prevención que fomenten la participación ciudadana.

d) Promover instancias de resolución pacífica de conflictos entre vecinos.

e) Crear comisiones de trabajo, permanentes o especiales, a las que se podrá invitar a Funcionarios Públicos, expertos, académicos, miembros de ONG´s, dirigentes políticos, sindicales, vecinales, y actores relevantes para el cumplimiento de los fines de la presente, con el fin de constituir escenarios institucionalizados de debate de propuestas, inquietudes e iniciativas sobre situaciones que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, tanto en lo regional como lo local para la búsqueda de soluciones integradas entre el Estado y la ciudadanía, dictaminando sobre la cuestión y remitiendo la misma al seno del Consejo, para que éste se expida y eleve sus consideraciones al Departamento Ejecutivo Municipal.

f) Promover la realización de acciones de formación y capacitación permanente para los distintos actores sociales involucrados en la temática de la prevención para la seguridad ciudadana.

g) Receptar iniciativas, propuestas e inquietudes de la ciudadanía y de ONG´s que tengan por objeto incidir positivamente en la Seguridad Ciudadana, y emitir opinión al respecto.

El Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana debe estar integrado por el ejecutivo municipal, por los concejales, por el Juez de Faltas, representante de la UR XI y representantes por las asociaciones vecinales como mínimo.
Ley Micaela, que el Municipio establezca como política permanente tanto para el sector público como para el sector privado la capacitación en la Ley Micaela, estableciendo tal capacitación como requisito para toda contratación y/o habilitación, totalmente a cargo del sector público.

Nocturnidad segura:
a- Corredores seguros: para ampliar la libertad de circulación de mujeres e identidades de la diversidad sexual y para prevenir situaciones de violencia, basados en mejorar la infraestructura urbana, incorporar tecnología y fortalecer los lazos comunitarios, por ejemplo: mejorar la iluminación y aumentar la videovigilancia, mapeos de acoso y otras formas de violencia.

b- que los boliches, bares, espacios culturales y demás servicios que operan en la nocturnidad se comprometan en ser “lugares libres de violencias”. A tal fin, se deberá colocar cartelería alusiva y deberán contar con un protocolo de atención para intervenir brindando auxilio a quien lo requiera, siempre evitando re victimizaciones, por ejemplo, la persona que está ante una situación de violencia se acerca a la barra o a los mozos con una “palabra clave” en señal de ayuda. Una vez activado el protocolo con la señal, el personal del lugar aparta a la persona para indagar sobre la situación y en función de lo que le transmite y de su voluntad puede pedir asistencia, expulsar a quién /es están ejerciendo violencia, acompañar a la persona violentada a un lugar seguro, etc.
Casas de justicia y Mecanismos de Resolución pacífica de Conflictos entre vecinos: desarrollar un sistema de resolución de conflictos municipal, con mediadores y/o conciliadores vecinales que puedan evitar el escalamiento a la violencia y/o judicialización de casos que lo permitan, además de prestar asesoramiento jurídico, educación legal y servicio de abogacía social.
Pasar de la Policía Municipal tradicional (tránsito) a la Policía Preventiva Municipal, jerarquizando y dotando de recursos profesionales y de infraestructura al área para que puedan actuar en prevención y disuasión focalizada, ya sea de accidentes, desórdenes y/o faltas a las regulaciones locales,